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CREDITO: AVN.
La integración de fuerzas de los organismos de justicia del Estado, aunado a una política integrada de acciones teniendo como norma la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye el objetivo central del Gobierno Nacional para atender a toda la población, enfatizó este martes la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Señaló que el fin de todas las medidas en materia de seguridad es lograr "la mayor suma de felicidad, paz y seguridad para la población y es lo que se está logrando con el Plan Patria Segura".
Tras un encuentro con el vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arreaza y los ministros para Asuntos Penitenciarios y Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Iris Varela y Miguel Rodríguez Torres, respectivamente, la titular del Ministerio Público informó que los integrantes del sistema de justicia se reunieron a fin de evaluar los resultados obtenidos tras las adopción de medidas en materia de seguridad en el país.
En transmisión en vivo por Venezolana de Televisión, destacó que entre las políticas de seguridad que prevé implementar el Ejecutivo Nacional figuran la incorporación del deporte, la salud y la educación, lo que permitirá "un abordaje integral" del tema de seguridad que se corresponda con las directrices establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, resaltó que todos los esfuerzos parten del reconocimiento de que "nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que hacerle seguimiento a la obligación de la responsabilidad que tenemos".
Entre una de las medidas inmediatas a implementar destacó la apertura de Casas de Justicia en los 79 municipios priorizados en materia de seguridad en todo el territorio nacional. La primera de ellas, agregó, será inaugurada este miércoles en Ciudad Caribia.
Ortega Díaz informó que el Tribunal Supremo de Justicia trabaja en el establecimiento de una agenda única para evitar el diferimiento de las audiencias. Para acometer esta acción serán habilitados los jueces y fiscales, explicó.
Acerca del tratamiento de los delitos menores, la Fiscal General de República destacó que se tiene previsto el cambio de sanciones por trabajos sociales que beneficien a las comunidades y permitan reflexionar a los sujetos que cometieron el delito.
En este contexto, enfatizó que en Venezuela existe "un Estado social y de justicia que está abordando el delito como un hecho social", porque las causas que lo generan también tienen su origen en una problemática social.
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